Dinero abandonado: para Fines Sociales

La Ley de Reutilizaci贸n de la Informaci贸n del Sector P煤blico contiene en la Disposici贸n Final Tercera una reforma de la Ley de Patrimonio de las Administraciones P煤blicas que establece que los saldos de las cuentas consideradas legalmente como abandonadas se dediquen a la financiaci贸n de programas de formaci贸n dirigidos a personas con discapacidad.

Hasta ahora los saldos de estas cuentas abandonadas -aquellas en las que sus titulares no hayan realizado ninguna gesti贸n durante un plazo de 20 a帽os- se ingresaban en el Tesoro P煤blico, constituyendo un ingreso m谩s de la Administraci贸n General del Estado sin finalidad concreta.

Con la reforma de la Ley, estos saldos se destinar谩n a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad con especial atenci贸n a los aspectos relacionados con su desarrollo profesional y a la innovaci贸n e investigaci贸n aplicadas a estas pol铆ticas sociales. En concreto, se dar谩n ayudas directas a los beneficiarios, gestionadas a trav茅s del Real Patronato sobre Discapacidad.

Esta novedad se suma a una modificaci贸n del C贸digo Civil, contenida en la recientemente aprobada Ley 15/2015, de 2 de julio, que cambia el r茅gimen de aplicaci贸n de las sumas obtenidas por la liquidaci贸n de las llamadas 鈥渉erencias abintestato鈥 鈥揳quellas que recibe el Estado al no existir otros herederos-.

La regulaci贸n de las herencias abintestato, recogida en el C贸digo Civil, hab铆a permanecido inalterada desde el siglo XIX y asignaba dos terceras partes de la herencia a instituciones municipales y provinciales 鈥渄e beneficencia, instrucci贸n, acci贸n social o profesionales鈥 del domicilio del fallecido. Con la nueva redacci贸n del C贸digo Civil, esas dos terceras partes se a帽aden a los fondos que se nutren de la asignaci贸n tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas para fines sociales.

Este cambio permite un mejor control del destino de los fondos y un reparto m谩s equitativo basado en un planteamiento integral de la acci贸n social.

Ambas medidas legales se inscriben en el decidido prop贸sito del Gobierno de impulsar las pol铆ticas sociales destinadas a luchar contra la desigualdad y favorecer la inclusi贸n social y han sido valoradas muy positivamente por las organizaciones representativas de los sectores m谩s directamente afectados, como, por ejemplo, el Comit茅 Espa帽ol de Representantes de Personas con Discapacidad.


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