Los ciudadanos y empresas realizaron en 2012 casi tres de cada cuatro trámites con la Administración General del Estado de forma telemática, lo que supuso un ahorro de 28.500 millones.
- Cada aumento del 5% en el uso de la Administración electrónica los ciudadanos se ahorran 1.500 millones y 200 la Administración.
- Se reducirán cargas administrativas, fomentará el uso de las TIC de ciudadanos y en la Administración, y se buscará la colaboración en temas tecnológicos con el sector privado.
- La red Sara se convierte en proyecto prioritario para que todas las Administraciones puedan compartir servicios en la nube (cloud) con un importante ahorro de costes e inversión y reducir la “brecha digital” con los ciudadanos.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presidido el Consejo Superior de Administración Electrónica, en el que se han aprobado las líneas maestras del plan de Administración Electrónica del Gobierno para 2013-2015 y ha quedado refrendado el eje de Administración Electrónica de la Agenda Digital para España.
Tres de cada cuatro trámites que los ciudadanos y las empresas realizan con la Administración General del Estado se hizo el año pasado de forma telemática”.
Ambos documentos constituyen una hoja de ruta para modernizar la Administración, reducir el déficit público y racionalizar el sector público mediante el impulso de la Administración Electrónica esta Legislatura.
En su intervención Montoro destacó que “queremos que los ciudadanos perciban la Administración como un Ente que le facilita la vida y el ejercicio de sus derechos y en sus obligaciones, que responda con agilidad, eficiencia y proactividad”.
Durante 2012, se han realizado más de 500 millones de trámites con la Administración General del Estado, de los que aproximadamente 365 se han realizado en formato electrónico, según los datos existentes en el Sistema de Información Administrativa. Esto significa que el 73% de los trámites, es decir, tres de cada cuatro trámites que los ciudadanos y las empresas realizan con la Administración General del Estado se hizo el año pasado de forma telemática.
Si el coste de un trámite presencial puede situarse, según el SCM (Standard Cost Model), en una media de 80 euros y el de un trámite electrónico en 5 euros, el ahorro por el uso de la Administración electrónica en 2012 estaría en torno a los 28.500 millones. El Gobierno quiere seguir avanzando en el impulso de la Administración Electrónica, ya que cada aumento del 5% en el uso de trámites telemáticos supone un ahorro de 1.500 millones de euros para empresas y ciudadanos y de 200 millones para las Administraciones Públicas.
El ministro estuvo acompañado por los secretarios de Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad de la Información, Víctor Calvo Sotelo, de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, y de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, así como por los subsecretarios de todos los Ministerios.
Principales líneas de actuación.
El plan de Administración Electrónica y el eje de la Agenda Digital para España correspondiente a esta materia, que han elaborado de forma conjunta la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, establecen la hoja de ruta en materia de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC’s) y de la Administración Electrónica para esta Legislatura.
El plan, cuyas líneas estratégicas ha aprobado el Consejo, será elaborado por la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y tiene los siguientes cinco grandes objetivos:
1. Utilizar medios y sistemas informáticos para reducir cargas administrativas al ciudadano y a las empresas. En este sentido, se avanzará en simplificar los trámites administrativos, de forma que sean personalizables, proactivos, accesibles desde diferentes plataformas y adaptados a las necesidades de los usuarios, así como en la transparencia en la actuación de la Administración General del Estado.Dentro de este objetivo, se propiciará la reutilización de la información del sector público para permitir el desarrollo de servicios de alto valor que contribuyan al impulso de la actividad económica y la generación de servicios de valor añadido para ciudadanos y empresas. El Gobierno logró en el año pasado reducir el número de cargas administrativas para las empresas en un 30%. Según el Banco de España y la OCDE, el coste de las cargas administrativas representa el 4,5% del PIB español, por lo que se estima que supuso un ahorro de 7.900millones, de los que 12.200 son consecuencia de la administración electrónica.
2. Incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos por parte de ciudadanos y empresas. Para ello, se impulsarán planes de usabilidad para acercar la Administración a los ciudadanos y las empresas. Junto a la divulgación de los beneficios de la Administración electrónica, se mejorarán los mecanismos para la identificación y autenticación frente a la Administración, incluso mediante el uso de dispositivos móviles, y se hará obligatorio el uso telemático para determinados colectivos profesionales y empresariales. Por último, se crearán indicadores para conocer el uso y el valor generado por los distintos servicios públicos.
3. Optimizar el empleo de las TIC en las Administraciones Públicas. En esta línea, se aumentará el conocimiento y uso entre los empleados públicos, y se buscará la colaboración entre los tres niveles de la Administración para avanzar en la ‘Administración sin papeles’, así como una política de compras única con los proveedores. Un ejemplo es el sistema ORVE, que permite interconectar los registros de los tres niveles de la Administración, para que un documento de un ciudadano esté en segundos en los registros de toda España cuando antes se tardaban más de 16 días. La puesta en marcha piloto en la Comunidad de Madrid ha permitido un ahorro de 5 millones, que sería de 50 si se aplicara en todas las comunidades autónomas.Igualmente se buscará compartir servicios e infraestructuras para reducir gastos de mantenimiento y disminuir las necesidades de inversión. La red Sara se declara proyecto de interés prioritario para configurarse como la nube privada (cloud) de la Administración General del Estado. Por ejemplo, la integración en un único sistema de correo en la red Sara supondría para un organismo público tipo un ahorro de 300.000 euros.Por último, se avanzará en la factura y contratación electrónica a la totalidad de las relaciones entre las Administraciones y sus proveedores. La implantación de este proyecto supondrá un ahorro de 15.000 millones, sumando los beneficios a empresas y administraciones públicas, ya que el coste actual de 4,5 euros por factura se reduciría a 40 céntimos si fuera electrónica.
4. Cooperación entre la Administración y organizaciones, empresas y agentes sociales, para intercambiar experiencias, proyectos, servicios y aplicaciones de Administración electrónica.
5. Emplear la tecnología para eliminar la brecha digital. Se potenciará el uso de servicios básicos de Administración Electrónica en municipios de pequeño tamaño, así como la intercomunicación entre las diversas administraciones. Asimismo, se mejorará la accesibilidad para favorecer el acceso de colectivos con especiales dificultades.
