La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció la pasada semana que propondrá a las empresas de telecomunicaciones que habiliten un sistema para que, en la misma llamada en que se realiza una oferta comercial, permitan que el consumidor pueda decir que no desea recibir más llamadas. Así lo aseguró en el Pleno del Senado, en respuesta a una pregunta oral del Grupo Mixto.
La ministra aseguró que el Gobierno es consciente de que hay “un creciente malestar ciudadano por el aumento de algunas llamadas comerciales” que no respetan los derechos de los consumidores, “cayendo en lo que podría calificarse como acoso telefónico”. Por ello va a habilitar esta fórmula. Además, ha asegurado que “queremos establecer las suficientes garantías de que, en todo momento, se está respetando la intimidad de las personas, de manera muy especial de los menores y adolescentes”.
Mato señaló que ha pasado “suficiente tiempo en el uso de esta práctica para que las empresas se comprometan firmemente con los consumidores que no deseen más llamadas de este tipo en sus teléfonos”.
En este sentido, también adelantó que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, va a poner en marcha una Comisión Interministerial junto con los Departamentos de Justicia y de Industria, Energía y Turismo. El objetivo es abordar la forma de garantizar “un equilibrio entre la acción comercial y el respeto a los derechos de los consumidores”.
La ministra recordó que el Instituto Nacional de Consumo inició en julio de 2010 una serie de actuaciones encaminadas a resolver las denuncias relacionadas con el acoso telefónico que, desde principios de los 90, está calificado como “práctica comercial agresiva”. Ha señalado, asimismo, que la Ley 29/2009 considera “desleal realizar propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia”.
En esta Legislatura, afirmó, se reforzará el grado de transparencia y protección de datos de las comunicaciones electrónicas, con el Real Decreto por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de comunicaciones electrónicas en relación a los derechos de los usuarios. Asimismo, el Proyecto de Ley de Texto Refundido para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado hace diez días en Consejo de Ministros, presta especial atención a las comunicaciones comerciales realizadas vía telefónica, especialmente cuando estas acaban en la celebración de un contrato a distancia.
En concreto, recordó, “a partir de ahora, el consumidor que celebre un contrato a distancia por teléfono sólo quedará vinculado una vez haya aceptado la oferta mediante su firma o mediante el envío de su acuerdo por escrito, en papel o mediante correo electrónico, fax o sms”. “Es de esperar que la introducción de este requisito”, señaló la ministra, “dé lugar, aunque sea de manera indirecta, a una disminución de este tipo de llamadas”.
La ministra concluyó su información asegurando que, aunque este asunto no es fácil, “por encima de todo están los derechos de los ciudadanos”, y por eso ha confiado en encontrar una fórmula que cuente con el apoyo de toda la cámara.
