La revalorización de las pensiones se desvincula del IPC, las prestaciones disminuirán y la edad de jubilación aumentará en función de la mejora de la esperanza de vida.
Los más de nueve millones de pensionistas que hay en España en la actualidad, además de los que se incorporen en los próximos años, verán disminuidas sus jubilaciones por la reforma de las pensiones que está tramitando el Gobierno. Esta reducción se pretende hacer mediante la rebaja de la pensión a los nuevos beneficiarios en función del aumento de la esperanza de vida. Asimismo, se desvinculará la revalorización de la pensión de las subidas del IPC, para que dependa de los ingresos de la Seguridad Social.
La nueva reforma de las pensiones afectará, en mayor medida, a los trabajadores que tienen más de 45 años.”
Este nuevo ajuste, previsto para este mismo año como urge Bruselas y unido a la reforma de las pensiones que entró en vigor en enero de 2013, hará que los trabajadores se retiren más tarde y que sus pensiones dejen de subir en torno a un 22%, como se explica a continuación.
Nuevas pensiones para ajustarse a Europa
La Comisión Europea ha ofrecido a España una prórroga de dos años para cumplir el objetivo de déficit, pero a cambio le exige hacer más ajustes. El empeoramiento de las previsiones de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) para nuestro país no ha hecho sino acrecentar los temores de Bruselas. De hecho, se pronostica que el PIB caerá este año un 1,7% y crecerá solo un 0,4% en 2014, mientras se augura que el paro superará el 28% el año que viene, casi en los mismos niveles de Grecia.
Así, el Ejecutivo comunitario ha instado al Gobierno español a que realice, antes de que finalice 2013, una segunda reforma de las pensiones. Además, pretende que la edad de jubilación, que en 2027 llegará a los 67 años, vaya aumentando de manera progresiva en función de la mejora de la esperanza de vida.
Con el fin de adecuar el sistema de la Seguridad Social al aumento de la esperanza de vida, garantizar su sostenibilidad en el futuro, frenar el gasto público e impulsar el envejecimiento activo, la nueva reforma de las pensiones públicas se aplicará, pues, con carácter inmediato.
Qué determina la sostenibilidad del sistema de pensiones
A fecha de 31 de diciembre de 2012, la hucha de las pensiones acumulaba 63.008 millones de euros, por lo que, si no se lleva a cabo esta reforma, se prevé que el fondo de reserva de las pensiones se agote en 2019.
Además, desde 2007, hay cuatro millones menos de ocupados en España y 600.000 jubilados más. Si durante aquel año había 2,53 trabajadores que cotizaban por cada pensionista, en 2013 la relación ha caído hasta el 1,97. Los expertos estiman que para que un sistema sea sostenible, el mínimo está en el 2,1.
En este sentido, en nuestro país concurren las cuatro razones principales que hacen que sea insostenible el sistema de pensiones actual:
- El mayor problema es la falta de cotizantes, como consecuencia del aumento del paro: las elevadas tasas de desempleo juvenil y el creciente número de parados de larga duración hacen que solo haya 1,97 trabajadores en activo por cada pensionista, mientras que sigue aumentando el número de jubilados.
- El descenso demográfico, con una natalidad entre las más bajas de Europa.
- El envejecimiento de la población: cada vez hay más personas mayores y menos jóvenes.
- El aumento de la esperanza de vida: la OMS (Organización Mundial de la Salud) cifra la media de vida de los españoles para 2013 en 82,2 años. Los hombres llegan a los 79 años, mientras que las mujeres alcanzan los 85 años.
Qué componentes forman parte de la nueva reforma de las pensiones
1.- El factor de sostenibilidad
Es el mecanismo que intenta garantizar la viabilidad de la Seguridad Social mediante una revisión automática que pueda corregir el gasto excesivo en pensiones, a través de tres variables:
- Ajuste del pago de las pensiones, cada año, en función de la esperanza de vida. Se trata del coeficiente de equidad intergeneracional de las nuevas pensiones, es decir, el cálculo de la cuantía de la prestación teniendo en cuenta la esperanza de vida.
- Desvincular de la subida del IPC (Índice de Precios al Consumo) las revalorizaciones de las pensiones, con el fin de moderar el gasto público.
- Actualización cada año de las pensiones, de acuerdo con la marcha de la economía en cada momento.
Por su parte, la Comisión Europea sostiene que la aplicación del factor de sostenibilidad no puede esperar hasta 2027, como estaba previsto en la reforma de las pensiones que entró en vigor en enero de 2013.
2.- La esperanza de vida para calcular la pensión
Se ha propuesto que la pensión inicial se ajuste al total de las prestaciones que pueda percibir el nuevo jubilado, tomando en consideración la esperanza de vida de su generación. Los expertos señalan que, en un sistema como el actual, la pensión mensual supone un gran gasto, pues los beneficiarios viven cada vez más años.
3.- Las pensiones dejarán de subir conforme a la inflación
Las prestaciones evolucionarán al ritmo que marque la marcha de la economía (de acuerdo con los ingresos y gastos del sistema), y no con las fluctuaciones de los precios, como se hacía hasta ahora. Así, las pensiones pueden aumentar cuando la situación económica sea positiva y suban los salarios o la productividad. De cualquier forma, estas prestaciones tendrán subidas moderadas y nunca se incrementarán por encima del IPC.
4.- El equilibrio del sistema de pensiones
A través del factor de sostenibilidad se pretende que el sistema de pensiones permanezca en equilibrio a lo largo del ciclo económico, no solo en un año determinado.
¿Verán reducidas sus pensiones los jubilados?
Aunque, en principio, los pensionistas no verán recortada la cuantía de sus prestaciones, sí perderán poder adquisitivo a causa de la inflación, que ya no se tomará como referencia para revalorizarlas. Así, las pensiones futuras no serán inferiores a las actuales, pero tampoco se revalorizarán tanto.
Los expertos aseguran que hay un límite que no se traspasará, ya que la reforma no implica una merma del valor nominal de las pensiones, aunque estas se irán reduciendo poco a poco, pues aumentarán por debajo de la inflación, lo que supone una rebaja en términos reales.
En cualquier caso, como la pensión inicial media de los jubilados será más baja, para compensarla se está proponiendo el fomento del retraso voluntario del retiro del mercado de trabajo.
Asimismo, se pretende que el IPC sea el tope máximo de subida anual de las prestaciones, de tal forma que, en los años de bonanza, se consiga un ahorro que vaya engrosando la hucha para el momento en que llegue un periodo de crisis.
En qué situación quedarán las pensiones
→Pensiones de las personas que ya están jubiladas:
- Para quienes ya están jubilados, se establecerá una fórmula de cálculo para revalorizar las pensiones, en función de cómo se generen los ingresos y los gastos del sistema, esto es, de cómo marche la situación económica.
→Pensiones de las personas que se jubilen en el futuro:
- En el momento en que se produzca el retiro, se calculará la esperanza de vida de esa generación de forma que, según aumente ésta, se reduzca la pensión, y a la inversa. Las personas que aún no se han jubilado serán, sin duda, las grandes damnificadas por la rebaja de las pensiones.
- La reforma afectará, en mayor medida, a los trabajadores que tienen más de 45 años en la actualidad, puesto que los más jóvenes asistirán, con toda probabilidad, a futuras reformas antes de que les llegue el turno de jubilarse.
En la nueva reforma también se contempla un retraso en la edad de jubilación más allá de los 67 años fijados a partir de 2027 y que aumente el número de años de cotización necesarios para alcanzar el total de la base reguladora, o que se tenga en cuenta un periodo mayor para calcular la prestación, hasta alcanzar la totalidad de la vida laboral, como ocurre en otros países de Europa.
Todo ello, se traduce en unas duras medidas de ajuste hacia uno de los segmentos de la población más indefensos, los pensionistas, que verán sus prestaciones minoradas en más de un 22%, según los cálculos del Instituto de Estudios Fiscales.
Fuente: consumer.es
