En el primer semestre de 2012 se han detectado hasta 4.500 casos de fraude relacionados con personas que cobraban la prestación por desempleo pese a contar con un trabajo.
El Gobierno aprobó el viernes 29 de junio la remisión al Consejo Económico y Social (CES) del anteproyecto de ley de lucha contra el fraude en el ámbito del Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, que contempla la supresión del actual límite en las sanciones en materia de Seguridad Social establecido en 187.515 euros, con lo que el Consejo de Ministros podrá sancionar infracciones a partir de 125.001 euros y sin fijar tope máximo en la cuantía de las sanciones.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social justifica esta decisión porque las actuaciones inspectoras “han puesto de manifiesto que determinadas conductas de especial gravedad, en la medida que afectan a un elevado número de trabajadores, requieren un agravamiento de la sanción“. Por ello, “es preciso establecer un sistema en virtud del cual sean objeto de mayores sanciones aquellos supuestos de utilización masiva de trabajadores sin alta en Seguridad Social, incluidos los casos en los que sean perceptores de prestaciones por desempleo“, señaló.
A este respecto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó de que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha detectado a lo largo del primer semestre del año hasta 4.500 casos de fraude relacionados con personas que cobraban la prestación por desempleo pese a contar con un trabajo.
El anteproyecto de ley forma parte del plan aprobado el pasado 27 de abril por el Consejo de Ministros y se ha sometido al trámite de audiencia previa de agentes sociales, sindicatos profesionales y comunidades autónomas. El CES tiene un plazo máximo de 15 días para emitir su informe que, una vez recibido, el Gobierno remitirá el proyecto de ley al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.
Empleo explicó que la futura norma tiene como prioridad la acción contra comportamientos fraudulentos “que atentan contra los derechos de los trabajadores y que afectan negativamente a la competitividad de las empresas que cumplen con sus obligaciones legales“.
Economía sumergida
Entre los objetivos de la norma figura impulsar el afloramiento de la economía sumergida, con el fin de regularizar las condiciones de trabajo y generar mayores recursos para el Sistema de la Seguridad Social, por el pago de cotizaciones sociales. También se persigue combatir los supuestos de aplicación y obtención indebidas de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y de otros incentivos.
La futura normativa quiere corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de las prestaciones, particularmente en aquellos supuestos en que se constituyen empresas ficticias creadas con la única finalidad de defraudar a la Seguridad Social. De igual modo, se quiere hacer aflorar posibles situaciones fraudulentas en el acceso y percepción de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, principalmente en casos de falta de alta en la Seguridad Social de trabajadores que efectivamente prestan servicios en las empresas. Otro de los objetivos de la norma es evitar la competencia desleal derivada de la ventaja competitiva que puede otorgar la actividad económica realizada al margen del ordenamiento jurídico.
Por otra parte, el anteproyecto modifica la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social en determinados aspectos como disfrutar indebidamente reducciones en las cotizaciones de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, faltas de alta y cotización por los salarios de tramitación y vacaciones devengadas y no disfrutadas o estableciendo criterios más objetivos en la graduación de las sanciones.
Fuente:consumer.es
