Poco a poco va llegando el invierno, y una de las mayores preocupaciones que se nos presentan, son las relacionadas con el consumo de luz y el del gas y el gasto que nos puede suponer.

El principal problema es que, en caso de estar en el mercado regulado de la electricidad, las facturas eléctricas varían mes a mes en función de los costes del mercado mayorista. Es decir, resulta complicado planificar bien los gastos. Si a esto se le suman los inconvenientes por demorarse en el pago de los recibos, la situación puede tornarse muy desagradable, pues podría acabar en cortes de luz. En caso de verse en una situación así, ¿es posible solicitar alguna ayuda?

Bono social de luz, la ayuda clásica

Los hogares que se encuentren en una situación que les acerque a la pobreza energética pueden recurrir al bono social que ofrece el Gobierno. Este es el nombre con el que se conoce a la ayuda social que permite reducir el coste de las facturas de la luz y ampara en situaciones límite.

¿En qué consiste? El bono social aplica una rebaja del 25% en la tarifa PVPC, lo que puede significar un ahorro de unos 180 euros al año para un consumidor medio. Con esta cifra, resulta interesante como método de ahorro. No obstante, no es para todos. Para garantizar su buen uso, la Administración solo permite que lo soliciten quienes reúnen una de estas condiciones:

  • Ser mayor de 60 y percibir una pensión, independientemente de que sea de jubilación, incapacidad permanente o viudedad.
  • Ser familia numerosa (a partir de tres hijos).
  • Que la unidad familiar al completo esté en situación de desempleo.
  • Tener una potencia contratada inferior a 3 kW.
  • Y es obligatorio tener contratada la tarifa regulada de luz (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor o PVPC) en una de las compañías de referencia.

¿Qué sucede si la situación del consumidor cambia? De igual forma que se debe demostrar la situación personal para pedir este bono, hay que comunicar a la compañía cualquier cambio que deje fuera al usuario de los grupos que pueden solicitar la ayuda. En caso contrario, la eléctrica recalculará todas las facturas desde que varió la situación y, además, aplicará un recargo del 10% en concepto de sanción. En definitiva, un buen susto.

Seguros de pago, la apuesta de las compañías para todos

No todas las personas forman parte de uno de los grupos que pueden acceder al bono social de la luz. ¿Existen otras vías? Algunas compañías eléctricas tienen una solución: los seguros de protección de pagos. Con ellos, las principales empresas cubren por menos de dos euros al mes hasta 1.300 euros en las facturas de luz y gas. Pero, como siempre, hay condiciones.

En primer lugar, tiene un periodo de carencia de 30 días y no cubre a mayores de 99 años. Además, esta póliza cubre una cuantía diferente en función de la circunstancia en la que se esté. En este caso, se traza un plan en función del problema (desempleo, incapacidad, hospitalización…) y la edad del asegurado. De esta forma, mientras una persona menor de 64 años recibe 800 euros en caso de fallecimiento por cualquier causa, una de más de 64 años que muera por accidente percibe la máxima compensación (1.300 euros).

Pero la situación de desempleo también tiene sus particularidades. La principal es que solo cubre si a la persona le han despedido de forma improcedente o por reducción de plantilla, si tenía un contrato indefinido o si está registrado en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Además, solo podrá solicitar la ayuda en un par de ocasiones: la primera, tras estar 30 días sin trabajo; y la segunda, si llega a los 210 días consecutivos en esta situación.

En definitiva, hay que pensar bien si compensa añadir este suplemento a la tarifa. Y es que, por muy barato que sea, tal vez no se llegue a usar nunca. Por lo que, si al consumidor le da respeto no poder pagar las facturas, lo más inteligente es revisar si puede acceder a una modalidad más económica que le permita ahorrar todo el año, sin necesidad de ayudas sociales.

¿Hay bono social para el gas natural?

Aunque el gas natural está presente en cinco millones de hogares españoles, a día de hoy no existe un bono social que proteja en caso de vulnerabilidad. No obstante, en septiembre se logró que el Congreso de los Diputados apruebe tramitar una ley con la que cambiar esta situación.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here