Las empresas de gestión de pagos (ó también llamadas de recobros) se han convertido en el quebradero de cabeza de miles de españoles. La situación comienza con un simple trámite administrativo y desemboca en una situación que, en cada vez más ocasiones, se vuelve insostenible para el ciudadano.

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Todo comienza con una llamada telefónica  (la primera de muchas) en las que un  supuesto miembreo de un bufete ó departamento legal, informa al consumidor de un impago anterior que, salvo que sea subsanado a tiempo, puede desembocar en un proceso legal.

La situación se repite en sucesivas llamadas que, por lo general, suelen ir subiendo de tono (¡y cuantía!) hasta adquirir – en ocasiones – tintes de amenaza. En casos extremos, algunas de éstas empresas de recobros llegan a contactar con el entorno del afectado (familiares, vecinos e incluso bares cercanos a la dirección del usuario) para incrementar la presión generada y forzar el pago.

¿Cómo obtienen nuestros datos?.

Cuando un usuario no paga una factura ó adquiere una deuda, determinadas empresas de servicios (afortunadamente no todas) venden dicha deuda (por un porcentaje del total de lo debido) a una entidad especializada en recobros. Ésta entidad aplica unas tasas, unos intereses (por lo general desmedidos) e inicia el proceso de presión hacia el Consumidor hasta forzarle, literalmente, a pagar.

Error 1: ceder sin más a las presiones.

Conforme las llamadas de la empresa de recobros aumentan en frecuencia y el tono de los operadores sube de intensidad, muchos usuarios deciden tirar la toalla y abonar lo presuntamente adeudado. Una cifra que se ve incrementada notablemente desde su cuantía inicial al aplicarse tasas, penalizaciones e intereses difícilmente justificables.

¿QUÉ HACER?. En primer lugar localizar el origen de la supuesta deuda, comprobar si realmente procede su pago, y resolver administrativa y directamente la situación con la empresa con la que la contraímos. Recordarles que ellos son los depositarios de nuestros datos y de la  relación contractual que generó ésa incidencia en la facturación. Con la empresa de recobros – y una vez que nos hayamos asesorado correctamente – sólo cabe negociar la gestión de nuestros datos personales. Eso sí, y ante todo, recordar que si las presiones llegan a cierto nivel… debemos denunciar.

Error 2:  Ignorar las presiones y renunciar a su resolución.

Otros usuarios deciden hacer caso omiso a la empresa de recobros y prolongar de forma indefinida la situación. Si la cuantía que nos solicitan no es muy elevada (menos de 400 €), las consecuencias tardarán en aparecer.

Sin embargo, y a medio plazo, podemos encontrarnos con dos desagradables consecuencias: la primera, nuestra inclusión en un listado de morosos (lo que nos imposibilita para obtener préstamos, tarjetas de crédito y otros productos). La segunda es aún más problemática ya que, como hemos dicho, al irse incrementando paulatinamente la cantidad adeudada, la cifra global puede rebasar los 400 €, lo que habilitaría a la empresa de gestión de deudas a iniciar un procedimiento legal (por debajo de ésa cuantía sería prácticamente imposible).

¿QUÉ HACER?. Una vez más nuestro consejo es no demorar la resolución, afrontarla directamente y darle una resolución administrativa. Resolución… que no siempre pasa por la vía económica ya que – y para sorpresa de muchos usuarios – en numerosas ocasiones el requerimiento del pago es improcedente.


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