El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Flexibilización y Fomento del Alquiler, que apuesta por que el mercado del alquiler en España sea una alternativa eficaz al mercado de la propiedad y que, junto al Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 y la Ley de Rehabilitación, constituyen los principales ejes sobre los que se asienta la nueva política de vivienda del Gobierno.

Estas iniciativas tienen una clara vocación social y tienen como objeto satisfacer las necesidades prioritarias de los ciudadanos, facilitando el acceso a una vivienda digna de los sectores de población con menos recursos.

España está a la cola de Europa en materia de alquiler: sólo el 17% de la población reside en una vivienda en régimen de alquiler, frente al 83% que lo hace en una vivienda en propiedad.

Por ello, la nueva política de vivienda apuesta por el alquiler frente a la compra de vivienda y dirige las ayudas del Plan Estatal, dotado con 2.421 M€, a quienes más lo necesitan.

El Ministerio de Fomento ha incrementado el número de beneficiarios de las ayudas al alquiler hasta los 133.000, con un importe que llegará hasta los 200 euros al mes.

Estas ayudas se otorgarán de acuerdo con la renta de la unidad familiar o de convivencia, para que sean más justas y equitativas y para lograr que las mismas lleguen a quienes más lo necesitan, con independencia de su edad.

Las ayudas supondrán hasta el 40% de la renta de alquiler, cuyo importe sea inferior a los 600 euros, con independencia de quién sea el propietario y el régimen de calificación de la vivienda.

Con el objetivo de un mejor aprovechamiento de los recursos, la concesión de las ayudas al alquiler se hará de forma más equitativa teniendo en cuenta la renta de la unidad de convivencia en una vivienda.

Los beneficiarios de las ayudas al alquiler serán las personas físicas mayores de edad con un límite de ingresos inferior a 3 veces el IPREM, modulable según el número de miembros y composición de la unidad de convivencia, lo que asegura que accedan a la ayuda las familias más necesitadas.

El plan incluye un programa para fomentar un parque público de viviendas protegidas en alquiler y mantiene las ayudas concedidas de subsidiación de préstamos.

Ley del Alquiler

La nueva Ley del Alquiler busca corregir las insuficiencias de la legislación actual, introduciendo una serie de modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el objetivo de flexibilizar y dinamizar el marco actualmente vigente del mercado de alquiler, de manera que se consiga atraer al mercado del alquiler un buen número de las viviendas actualmente vacías.

Esto redundará en una mayor oferta de viviendas en el mercado, una mayor capacidad de elección de los futuros arrendatarios y una disminución en el precio de los alquileres por el aumento de la oferta.

El primer objetivo de la reforma es flexibilizar el mercado del alquiler para lo cual se fortalece la libertad de pacto entre las partes, para que puedan llegar a todos aquellos acuerdos que, razonablemente, no deban formar parte de un régimen impuesto directamente por la Ley.

Para ello se flexibilizan los plazos legales de duración del contrato de arrendamiento. Por un lado, se reducen de 5 a 3 los años de duración de la denominada “prórroga obligatoria” Asimismo, se reduce de 3 a 1 año la denominada “prórroga tácita automática” del contrato.

Se regula además la posibilidad de que el arrendador pueda recuperar el inmueble para destinarlo a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial, siempre que hubiera transcurrido al menos el primer año de duración del contrato y lo comunique con dos meses de antelación.

El arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de un mes.

Asimismo, se fomenta la rehabilitación de la vivienda, de modo que siempre que las partes lo acuerden, esta pueda ser sufragada, total o parcialmente, por el arrendatario a cambio del pago de la renta.

La reforma también tiene como objetivo mejorar la seguridad del tráfico jurídico con la inscripción en el Registro del contrato de arrendamiento.

Así, un comprador que adquiera una vivienda estará obligado a permitir que el arrendatario continúe con su contrato siempre que dicho contrato de arrendamiento esté inscrito.

Además, una vez inscrito, la transmisión a un tercero de la vivienda arrendada no podrá afectar a sus derechos legales (prórroga forzosa y prórroga tácita) derivados del contrato de arrendamiento, pues el tercer adquiriente tendrá que respetar el contrato.

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