Durante el 2012 ha autorizado un total de 24.340 aplazamientos en el régimen especial de trabajo autónomo, por un importe de casi 175 millones de euros.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado en el Senado que el Gobierno está estudiando con los representantes de los autónomos medidas dirigidas a paliar o eliminar los efectos negativos del impago de las deudas de Seguridad Social, así como para evitar la ejecución de los bienes inmuebles que constituyen la vivienda habitual.
El Estatuto del trabajador autónomo establece que la vivienda habitual no es bien embargable”.
Concesión de aplazamientos.
Durante su intervención en la sesión de control en el Senado, Báñez ha avanzado que entre estas medidas figura la concesión de aplazamientos para el pago de las deudas de la Seguridad Social durante un período más dilatado, de hasta cinco años para los casos más extremos, ofreciendo unas condiciones de amortización flexibles, así como ampliar de uno a dos años el plazo de subasta desde la primera diligencia de embargo hasta la realización material de la subasta.
Báñez ha recordado que el Estatuto del trabajador autónomo establece que la vivienda habitual no es bien embargable si existen otros bienes suficientes para satisfacer la deuda y ha indicado que existen situaciones excepcionales que tienen que tener la atención de las Administraciones Públicas y también de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Así mismo, ha recordado que el Gobierno está haciendo un esfuerzo para facilitar el pago de las deudas de los autónomos con la Seguridad Social. Durante el 2012 ha autorizado un total de 24.340 aplazamientos en el régimen especial de trabajo autónomo, por un importe de casi 175 millones de euros.
Apoyo a los Autónomos.
El Gobierno ha destinado el pasado año al trabajo autónomo, la cultura emprendedora y la economía social más de 940 millones de euros.
Así mismo, destacan los más de 27.000 millones de euros del Plan de Pago a Proveedores para abonar facturas pendientes de algunas entidades locales y autonómicas con sus proveedores, el 99% de los cuáles eran trabajadores autónomos y PYMES.