Oficina de Atención al Consumidor

El riesgo de aflojamiento del estribo del freno trasero del vehículo podría provocar la ineficiencia en el frenado

Un problema en el estribo del freno trasero de la motocicleta Scooter, de la marca Peugeot Satelis, puede provocar un accidente de tráfico.

El vehículo (modelo SAT 400/500) fue incluido el pasado día 12 de enero en la red de alerta de productos industriales inseguros, que coordina el Ministerio de Sanidad y Consumo a través del Instituto Nacional de Consumo.

El motivo de su inclusión ha sido el riesgo de sufrir un accidente de tráfico debido al posible riesgo de aflojamiento del estribo del freno trasero, lo que conlleva la ineficacia en el frenado, con el riesgo de pérdida de control del vehículo.

La empresa Peugeot Motocycles España, S.A, tras el fallo detectado, ha comunicado a las autoridades de Consumo de la Comunidad de Madrid, comunidad donde la empresa tiene su sede social, el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado.

Estas medidas consisten en la comunicación a los concesionarios y a los clientes para que revisen los vehículos.

La información difundida públicamente por el INC no detalla el número de vehículos afectados ni sus fechas de fabricación o venta.

CONSUMUR recuerda a los afectados que la reparación de la citada avería no debe suponerles ningún coste, independientemente de que sus vehículos ya no estén en garantía. A su vez, recomienda a los afectados que deseen recibir más información acerca de sus derechos, que acudan a la asociación.

El consumidor afectado podrá recibir información acudiendo a la asociación, en horario de 10.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, así como a través de su Oficina Virtual, a disposición del consumidor y usuario las 24 horas del día (www.consumur.org). También podrá solicitar información llamando al Teléfono de Información al Consumidor y Usuario: 968 96 77 88.
Fuente: consumur.org

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Reclamarlas es un derecho, pero su cálculo varía en función de la gravedad de las lesiones y los ingresos de la víctima
Las indemnizaciones que reciben las víctimas tras un accidente de tráfico constituyen un derecho. Sin embargo, el desconocimiento, la tristeza causada por la pérdida de un familiar o la falta de ganas para iniciar un proceso, que en el imaginario colectivo se prevé arduo y doloroso, provocan que se reniegue de él. Cuando esto ocurre, las sumas de dinero compensatorias por daños graves, como la pérdida de bienes personales, y otras más leves acaban en las arcas de las compañías aseguradoras. Para evitar esta situación, resulta fundamental conocer qué tipo de lesiones son indemnizables, cómo se calcula su cuantía y los pasos del proceso.

Después de un accidente, uno de los puntos que más dudas suscita es conocer quiénes tienen derecho a solicitar una indemnización. En primer lugar, lo tiene el conductor que no ha sido culpable del percance. Incluso si carece de seguro de vehículo, no desaparece la potestad de reclamar.
El resto de ocupantes también tienen derecho a solicitar una indemnización, tanto si viajaban en el turismo culpable del incidente como en el utilitario víctima del choque. Conviene recordar que las indemnizaciones no sólo se otorgan a los coches, sino también a los furgones, camiones, motocicletas y ciclomotores. En un atropello, el peatón afectado recibe una indemnización, salvo que el accidente ses culpa exclusiva de la víctima.

En caso de que el accidente se salde con víctimas mortales, la acción compensatoria se extiende a determinados familiares de la persona fallecida. Esta cuestión se fija en relación al grado de parentesco entre ellos, la ausencia o no de determinados parientes, y el nivel de dependencia económica con la víctima, entre otros parámetros. Los responsables de abonar las indemnizaciones son las compañías de seguros del vehículo culpable de causar el percance. Sin embargo, cuando éste carece de póliza o se da a la fuga tras el accidente, la responsabilidad de correr con la indemnización recae en el Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública adscrita al Ministerio de Economía.

Vías de reclamación

Una vez que se conoce el derecho a pedir una suma de dinero compensatoria, hay dos vías para solicitar su abono. Una de ellas es la extrajudicial. A través de este procedimiento no es preciso acudir a juicio. Después de la aprobación de la Ley 21/2007, que cambia el texto refundido sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, la compañía de seguros está obligada a diseñar una oferta de indemnización para la parte reclamante. Para ello, y sólo si la responsabilidad del asegurado está acreditada y el daño cuantificado, dispone de un plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación.

Por imperativo legal, la propuesta debe contener, de forma desglosada, los documentos, informes o cualquier otra información de la que se disponga para la valoración de los daños. De esta forma, el reclamante tiene los elementos necesarios para decidir si está conforme o no con la oferta y, por tanto, si la acepta o la rechaza. Por el contrario, cuando la compañía aseguradora desoye esta obligación, comete una infracción administrativa leve o grave, según el caso, y es posible que se le imponga una sanción.

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Por el riesgo de rotura de las bieletas de la suspensión posterior, que podría producir un accidente de tráfico.

Yahama ha realizado una llamada a revisión de sus motocicletas YBR250 ((5D11/5D13) por el riesgo de rotura de las bieletas de la suspensión posterior, que podría producir un accidente de tráfico.

Yamaha Motor España ha comunicado a las autoridades de Consumo de Cataluña, donde tiene su sede social, que está contactando con los propietarios de las motocicletas afectadas para proceder a la sustitución de las piezas afectadas.

El vehículo ha sido incluido, con fecha 25 de enero, en la red de alerta de productos no alimentarios inseguros que coordina el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Política Social.

La página web de Yamaha Motor España no ofrece ninguna información sobre el problema. La información difundida públicamente por el INC no detalla el número de vehículos afectados ni sus fechas de fabricación o venta.

Fuente: facua.org

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